Minería y tierras indígenas

Con los precios del oro disparándose y la demanda de otros minerales en aumento , la minería representa una amenaza creciente para las comunidades y los ecosistemas de todo el mundo.
Minas de Oro en Cajamarca Perú
Minas de Oro en Cajamarca Perú
José Leopoldo Muñoz Fernández

José Leopoldo Muñoz Fernández

CEO en Muñoz Fernández & Abogados Asociados s.a.c.

La minería y las tierras indígenas.

Con los precios del oro disparándose y la demanda de otros minerales en aumento , la minería representa una amenaza creciente para las comunidades y los ecosistemas de todo el mundo.

La minería legal e ilegal ahora cubren más del 20% de las tierras indígenas, poniendo en peligro a cientos de comunidades indígenas y ecosistemas críticos en 450.000 kilómetros cuadrados.

La minería está contaminando al menos 30 ríos amazónicos y erosionando la capacidad comprobada de las comunidades para prevenir la deforestación.

Sin embargo, las leyes nacionales a menudo favorecen a las empresas sobre las comunidades indígenas en seis países amazónicos, incluidos Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú.

Aunque todos estos países otorgan importantes protecciones legales a las comunidades, estos derechos sobre la tierra son insuficientes y dejan a la mayoría de los pueblos indígenas vulnerables a la minería.

La protección de las tierras indígenas, incluido el desarrollo sostenible y los beneficios ambientales que generan, requerirá un cambio radical en los enfoques de los gobiernos y las empresas hacia la minería.

Empresas de minería

Las empresas, recomienda el informe, deben cumplir con estas salvaguardas más estrictas, así como invertir en la restauración ecológica y la reforestación de antiguos sitios mineros.

En 2018, al  menos 164 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo. Y por primera vez, la minería fue el sector más mortífero del mundo, con 43 defensores, incluidos muchos indígenas, asesinados mientras protestaban contra los efectos destructivos de la minería.

Las áreas conocidas de operaciones mineras ilegales se superponen con 260 tierras indígenas en Perú.

Las leyes

Dos instrumentos internacionales son de particular importancia ya que ayudan a la legislación nacional que gobierna la minería en tierras indígenas: 
El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la organización mundial del trabajo (Convenio 169 de la OIT) y la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas (DNUDPI), Perú ha adoptado ambos convenios.

Las leyes de Perú reconocen los derechos territoriales indígenas y los sistemas consuetudinarios de tenencia, y las decisiones de los tribunales nacionales han subrayado la importancia de estos derechos.

Por ley, no se requiere la formalización de los derechos consuetudinarios sobre la tierra para que los derechos sean reconocidos legalmente, aunque, en la práctica, un título de propiedad o certificado puede ayudar a las comunidades indígenas a proteger mejor sus derechos frente a terceros.

Los procedimientos de formalización son costosos y requieren mucho tiempo, pueden generar exposición a inversionistas no deseados y pueden resultar en tarifas e impuestos.
La tierra indígena en Perú alguna vez fue inalienable, pero ya no lo es debido a reformas constitucionales. En Perú, los indígenas pueden vender sus tierras.

Derechos mineros

En Perú, todos los recursos minerales son propiedad del estado, incluidos los minerales en y debajo de las tierras indígenas. Por ley, la minería comercial puede tener lugar en tierras indígenas, a menudo en coordinación con la autoridad minera gubernamental y la agencia ambiental.

Derechos de consulta y consentimiento

A nivel internacional, los pueblos indígenas tienen derecho a proporcionar (o denegar) su consentimiento fundamentado previo, libre (CLPI) reconocido en el artículo 19 de DNUDPI.

Perú no reconoce el CLPI y el ministro de recursos naturales puede anular el rechazo del consentimiento y permitir la minería en tierras indígenas si se considera de interés público.

Perú caso Tres Islas

A principios de la década del 2000, el gobierno de Perú otorgó más de 100 concesiones mineras y varias concesiones madereras en las tierras de Tres Islas.

En agosto de 2010 la asamblea comunitaria de Tres Islas decidió construir una caseta de control al acceso de sus tierras.

Dos empresas demandaron a la comunidad de Tres Islas, exigiendo el tránsito gratuito a sus tierras. El tribunal falló a favor de las empresas y ordenó el retiro de la caseta.

Tres Islas apelo y llevó el asunto al Tribunal Constitucional peruano. En septiembre de 2012, el tribunal dictaminó que la comunidad de Tres Islas tenía el derecho de controlar el ingreso de terceros a sus tierras.

Posteriormente la comunidad de Tres Islas demandó al gobierno regional de Madre de Dios por las concesiones mineras otorgadas sin un proceso de consulta previa.

En marzo de 2019, los Tribunales Superiores de Justicia del Perú declararon nulas las 127 concesiones mineras en terrenos de Tres Islas.

Recomendaciones

Las leyes que rigen la minería por parte de terceros en tierras indígenas otorgan a los pueblos indígenas algunos derechos sobre sus tierras.

Los mineros legales tienen autoridades importantes para ingresar y utilizar las tierras indígenas, mientras que los pueblos indígenas carecen de derechos fundamentales que los ayudarían a proteger mejor sus tierras.

Muchos pueblos indígenas no quieren minería comercial y han implementado una serie de medidas, como protestas y litigios – algunos exitosos, otros menos- para mantener a los mineros fuera de sus tierras.

Proporcionar derechos legales sólidos a los pueblos indígenas.

Derechos a la tierra: Reformar las leyes nacionales para garantizar que los pueblos indígenas tengan los derechos y las autoridades que necesitan para hacerse cargo de su propio desarrollo.

Derechos minerales: los pueblos indígenas se empoderan cuanto tienen más derechos y un mayor control sobre los minerales.

Derecho al consentimiento libre: reconocer el derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Derecho al tanteo: dado el interés de algunos pueblos indígenas de explotar comercialmente sus tierras, el gobierno debe reconocer el derecho de tanteo de los pueblos oriundos.

Los gobiernos de los países consumidores pueden apoyar la implementación de esquemas de certificación de abastecimiento responsable que es la lógica de este nuevo mundo.

FUENTE: Socavando los derechos: tierras indígenas y minería en la Amazonía

de Patricia Quijano Vallejos , Peter Veit , Pedro Tipula y Katie Reytar – Octubre 2020

https://doi.org/10.46830/wrirpt.19.00085

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